“El titular del Interior, Jose Luis Pérez Guadalupe, informó que entre las facultades legislativas que solicita el Ejecutivo esta que la Policía Nacional pueda exigir a las empresas telefónicas la locación de celulares usados para extorsionar, sin que medie un juez o fiscal.” Así indicó @La_republica sobre las declaraciones del Ministro del Interior ayer. (ver: http://larepublica.pe/politica/5529-ministro-del-interior-propone-que-empresas-de-telefonia-ubiquen-celulares-de-delincuentes )

Complementa a lo antes dicho el Ministro Guadalupe con esta frase: “"Actualmente, para pedir información de dónde se encuentra el celular, se tiene que ir a la Fiscalía y de allí al juzgado, lo cual puede tomar semanas y hasta meses. Pero con la modificación legal, una persona extorsionada va a la Policía, le pide la información a las operadoras y se hace la captura", en Canal N.”

Y la pregunta que salta es: ¿El problema de la demora en la coordinación entre policía, fiscalía y jueces se resuelve generando un sistema que puede vulnerar libertades constitucionalmente protegidas como la autodeterminación informática (art. 2 inciso 6), inviolabilidad de domicilio (art. 2 inciso 9) y libertad de transito (art. 2 inciso 11)?

Es claro que puede argumentar el Ministro Guadalupe que con una medida como la que propone puede accederse directamente a localizar a las personas en base a su posición de celular, que evidentemente esa geolocalización es un dato personal, claro esta también que debe establecerse un mecanismo de control, pero al no contar con un fiscal ni permiso de juez como justifica el debido proceso (art 139, inciso 3 de la constitución), como sabemos que este mecanismo no será mal utilizado y puesto a disposición más bien de los criminales que pudieran ubicar a cualquier persona.

No hay que retroceder mucho en el tiempo para ver como la #dini con un acceso legítimo (basado en un acuerdo y en su finalidad de mantener la seguridad nacional) terminó utilizándolo para hacer monitoreo masivo a políticos, empresarios, periodistas, artistas y activistas sociales, así como familiares de estos. (ver: https://lexdigitalis.lamula.pe/2015/03/22/sobre-dinileaks-aspectos-legales-de-la-recopilacion-de-datospersonales-por-entidades-de-inteligencia/lexdigitalis/ )

Es claro entonces que una propuesta como la dicha por el Ministro Perez Guadalupe, de que la información se obtenga sin intervención de juez o fiscal va mas próxima a una acción contraria a la constitución que en el marco de la misma.

Asimismo a lo antes dicho es extraño que la Autoridad de Datos Personales (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , y resalto los Derechos Humanos), no se haya pronunciado, en base al articulo 33 incisos 11 y 17 de la Ley de Datos Personales.

Pero mas preocupante es que el Ministerio no siga la Resolución de Naciones Unidas Resolución 68/167 “El derecho a la privacidad en la era digital” (ver: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/167 ) que indica en su artículo 4 items c) y d) lo siguiente:

“4. Exhorta a todos los Estados a que: (…)

c) Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala, con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión independientes y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado; “

En conclusión una propuesta efectista pero no efectiva y menos aún basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Realmente quiere hacer algo con este tema?, mejore los procedimientos de coordinación entre Policia, Fiscalía y Poder Judicial, para que los tiempos sean cortos. Las empresas de telecomunicaciones no son el problema en este momento, solo buscan no ser “demandados” después por actuar sin un mandato de autoridad judicial o fiscal, ¿por qué como podrán saber cual petición de la Policía pudiera violar los derechos humanos?

Solo le dejo una pregunta final Ministro Perez Guadalupe ¿en quién confiaría usted el que pueda ser ubicado en cualquier momento en base a la posición de su celular, cuando con dicha posición? Sabe que puede pasar que quien controle el sistema no sea tan santo, no tenga los medidas de control adecuados, o en el peor de los casos se viole sus derechos y libertades?  

Quis custodiet ipsos custodes? Usted Ministro Perez Guadalupe?